Otro Derrumbe Institucional y Entrega: La Pretendida Modificación de la Ley de Tierras Rurales

santa c_23 (2).jpgEn otro escalón más del derrumbe institucional y de la entrega de los recursos y riquezas naturales que son de titularidad del pueblo de la Nación, tal como lo establecen los Pactos Internacionales de la ONU, en sus cláusulas 1.2, normas que integran la Ley Suprema de la Nación (art. 75, inc. 22º, C.N.), el Gobierno del Ingº Macri pretende, vía un simple decreto reglamentario (art. 99, inc. 1º, C.N.), dejar sin efecto las principales disposiciones de la Ley 26.737, Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales, que se complementa con el Decreto 274/2012, que organizó y reglamentó el registro Nacional de Tierras Rurales.-
Como se recordará, además de establecerse varios límites a la cantidad de tierras rurales en manos de personas físicas o jurídicas extranjeras, la Ley 26.737 establece taxativamente que la compraventa u otras formas posesorias de tierras con aptitud rural no configuran “inversión”, ya que se trata de un recurso natural no renovable que aporta la Nación Argentina.-
Los países emergentes han debido adoptar normas tuitivas y limitativas del dominio extranjero sobre las tierras con aptitud rural ante la creciente pérdida mundial de tierras aptas para la agricultura y la ganadería, víctimas de la erosión, salinización y explotación destructiva de dichas tierras por un capitalismo ávido de ganancias inmediatas y sin compromiso con la producción sustentable.-
Ahora bien, la iniciativa macrista no trata solamente de modificar el criterio tuitivo de la Ley 26.737, sino que intenta perpetrar ese despojo al pueblo de la Nación Argentina mediante un simple decreto presidencial, lo que le está expresamente vedado por el texto constitucional, art. 28 C.N., usurpando así una potestad que sólo le compete al Poder Legislativo y configura un nuevo obrar antijurídico que afecta el deber de obediencia a la supremacía de la Constitución Nacional, establecido en el art. 36, introducido por la Reforma Constitucional del año 1994, norma que descalifica como “infames traidores a la Patria (art. 29, C.N.), a aquéllos que ejerciendo facultades extraordinarias, apropien la suma del poder público, y llevan a que los bienes o fortuna de los argentinos queden a merced de gobierno o persona alguna.-
Por ello, más allá de las impugnaciones de inconstitucionalidad que ciertamente motivará el decreto del gobierno macrista, es imperativo que los señores Diputados de la Nación examinen , si es que se encuentran reunidos los extremos de “mal desempeño” o “posible comisión de delito en el ejercicio de la función pública”, por parte del Poder Ejecutivo Nacional, para promover el correspondiente juicio político previsto por los arts. 53 y c.c. de la Constitución Nacional.- Resta señalar la paradoja que configura que este despojo al pueblo argentino se intenta perpetrar en vísperas de cumplirse el Bicentenario de la Declaración de la Independencia de nuestra Patria.-
Buenos Aires, 6 de Julio de 2016.-
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Jorge Francisco Cholvis | Presidente
Eduardo Salvador Barcesat | Vocal
Arístides Horacio Corti | Vocal
Marcelo Koenig | Secretario
Jorge Devesa | Tesorero
Pablo Damián Lazzari | Pro-Tesorero
Gabriela Sampere | Vocal
Diego Cancro | 1º Vocal Suplente – Enlace Institucional
Daniel Galvagno | 2º Vocal Suplente
Juan Francisco Soto | Fiscalización – Comunicación
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