La mano invisible: “Quieren un estado ausente”

Los integrantes del CEPA, Hernán Letcher y Julia Strada, se mostraron a favor de la nueva ley de Regulación de las Relaciones de Producción y Consumo  y opinaron que el rechazo de algunos dirigentes, es producto de la resistencia a perder ciertos privilegios.

El acto reflejo de rechazo de algunos dirigentes a la posibilidad de una mayor regulación estatal en la economía, en este caso tratándose de las cadenas de producción-industrialización–comercialización, tiene que ver con la resistencia a perder los privilegios que durante años tuvieron los sectores concentrados.

Por eso en términos discursivos los empresarios han planteado su acuerdo en mejorar la normativa de defensa del consumidor pero no el resto de las propuestas. En realidad se resisten a la intervención del estado porque no quieren normativas que permitan neutralizar las prácticas abusivas de actores concentrados que, tanto en la esfera de la producción como de la comercialización, les han permitido históricamente incrementar su margen de ganancia a través de la habitual estrategia de aumentos de precios.

El mensaje, con variaciones de estilo y sofisticaciones, cae en el lugar común del establishment económico: el problema es la intervención estatal en la economía, lo que se refleja en el desaliento de la inversión. La solución implica que el Estado deje de arbitrar el “partido económico” y permita que los capitales y los bienes fluyan libremente. De ese modo, habrá inversión, empleo y crecimiento. Ya lo habían planteado meses atrás en el Foro de Convergencia Empresaria, a través del documento “Bases para la formulación política del Estado” donde dos propuestas resaltaban en el apartado “económico” de esta paradigmática declaración de principios: la “remoción de los factores que desalientan las inversiones” y la “eliminación de los factores que desalientan, restringen o prohíben las exportaciones”.

En definitiva, la “mano invisible” del mercado es ni más ni menos que un Estado ausente, o más bien presente y garante de los negocios privados, particularmente de los más poderosos. El problema entonces es el fin de esos negocios, condicionados a partir de 2003.

La propuesta económica defendida por quienes ahora critican la ley de Regulación de las Relaciones de Producción y Consumo tuvo su época de gloria durante la valorización financiera (1976-2001). Y ha quedado claro que las políticas de seducción a los capitales a través de la redistribución regresiva del ingreso vía expoliación de las grandes mayorías no se tradujo, ni directa ni indirectamente, en mayor inversión interna, pero si en aumento de las tasa de ganancia de la cúpula empresaria. Esto se vio reflejado en las políticas impulsadas durante ese periodo.

Promoción industrial. El supuesto objetivo original de democratizar y federalizar el desarrollo industrial, en verdad terminó reforzando a los actores existentes, fuertemente oligopólicos. La yuxtaposición de distintos beneficios propició una promoción indiscriminada sólo a la formación de capital, y se terminó alentando la instalación de proyectos productivos que no explotaron al máximo los subsidios sino que sacaron provecho de ellos maximizando ganancias. Entre 1980 y1985, el 85,8% de la inversión privada en la industria se hizo a partir de proyectos de promoción (es decir, la “puso” el Estado), cifra que ascendió al 91% para 1985.

Seguros de Cambio. A través de ellos se implementó la estatización de la deuda privada. Consistían en un acuerdo entre el banco central y el deudor, a través del cual el deudor se garantizaba cancelar su deuda en moneda local (pesos), evitando posible efecto de una devaluación. El Banco central se hacía cargo de la deuda del deudor y debía pagar en dólares al acreedor extranjero. Como la variación del tipo de cambio era muy superior a la evolución de la inflación y a la tasa de interés de la operatoria, el Estado se hacía cargo de la mayor parte de la deuda del sector privado. Entre 1980 y 1989 la deuda externa se elevó de 27,2 a 63,3 miles de millones de dólares, y el sector publico pasó de ostentar el 53,3% al 92,3% de la misma. Al contrario de lo esperado,  el ahorro forzoso (en una “economía de guerra”) no se canalizó a la inversión productiva sino que siguió su juego en la bicicleta financiera a través de la valorización local.

El fraude de las AFJP. Como consecuencia de la reducción de aportes y la implementación del sistema de AFJP el Estado dejó de percibir en el periodo 1994-2000 $22.372 y $29.960 millones, respectivamente. En el mismo periodo, el déficit financiero, generado por los ingresos que el Estado dejó de percibir, ascendió a $54.615 millones, mientras que, no casualmente, entre 1994-2000 los montos correspondientes al pago de servicios de la deuda externa representaron una cifra similar: $54.446 millones. Así como los acreedores externos recibieron una porción creciente del gasto estatal, las fracciones dominantes locales, en el peor de los casos, obtuvieron una transferencia de recursos estatales equivalente a la de aquellos. El Estado argentino debió endeudarse para generar divisas que garantizaran esas transferencias y, a la vez, continuar con el ajuste del gasto. De este modo, el endeudamiento en el periodo 1994-2000 no tuvo origen en los intereses de deuda contraída en la dictadura, sino que tuvo por función cubrir el reparto de excedentes entre las fracciones dominantes, así como financiar el déficit del sector privado producto del déficit por servicios reales (turismo, marcas y patentes, y fletes), los servicios financieros de la deuda externa privada, y la fuga que no se logró compensar con el endeudamiento y la Inversión Extranjera Directa del periodo.

Privatizaciones. Son otro capítulo de la subordinación del Estado. Uno de los casos más resonantes fue la privatización de YPF, la cual derivó en un escandaloso vaciamiento de la empresa por parte de Repsol. Se instaló una mecánica de sobreexplotación y subexploración para maximizar ganancias, rentismo cortoplacista que se manifestó en frondosas distribuciones de dividendos, y compras y subsidios de parte del Estado. En YPF esto significó una creciente caída de la producción local, un notable vaciamiento de la petrolera en manos de Repsol, fuga de divisas e inversión en filiales fuera del país. A pesar de las grandes rentabilidades obtenidas, desde 1996 comenzaron a caer las inversiones en exploración a niveles cercanos a un tercio de los realizados bajo el período estatal. La explotación se orientó a la exportación de petróleo y de gas natural y a la utilización de gas para las centrales térmicas.

En suma, más ganancias ha sido sinónimo de más ganancias, pero no de mayor inversión. En nuestro país los procesos de desregulación y corrimiento por parte del Estado solo significaron incrementar las arcas de la cúpula empresaria a costa de redistribución regresiva para las mayorías populares.

La reacción y el rechazo a la regulación del Estado expresa este conflicto.

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